Estados Unidos informó que dos personas murieron en un nuevo ataque contra una embarcación señalada como “narcolancha” en aguas del Pacífico oriental. El Comando Sur aseguró que la lancha transitaba por rutas conocidas de narcotráfico, aunque no especificó el lugar exacto del operativo.
Con este hecho, la cifra de fallecidos en la campaña estadounidense contra presuntos narcotraficantes en la región asciende a 107 personas.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha reiterado que estas operaciones se realizan por orden directa del presidente Donald Trump, bajo la justificación de combatir organizaciones designadas como terroristas y vinculadas al contrabando de drogas.
En ataques previos, Washington reportó la destrucción de varias embarcaciones y la muerte de al menos seis personas en un solo día, lo que evidencia la intensidad de la ofensiva.
Sin embargo, hasta la fecha, el Gobierno estadounidense no ha mostrado evidencia pública de que las lanchas atacadas transportaran narcóticos. Organizaciones de derechos humanos y analistas internacionales han cuestionado la falta de transparencia y la legalidad de estas acciones, señalando que podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. La ausencia de pruebas ha generado dudas sobre la verdadera naturaleza de las operaciones y el riesgo de que civiles sean víctimas de ataques indiscriminados.
El Pentágono sostiene que los servicios de inteligencia confirman la participación de las embarcaciones en operaciones de narcotráfico, pero no ha revelado imágenes ni incautaciones que respalden esas afirmaciones. En contraste, críticos advierten que la narrativa oficial busca reforzar la política de “mano dura” de Trump en materia de seguridad y narcotráfico, especialmente en un contexto electoral.
La campaña contra las “narcolanchas” se ha convertido en una de las más polémicas del actual gobierno estadounidense. Mientras Washington insiste en que se trata de un esfuerzo legítimo para frenar el tráfico de drogas hacia Norteamérica, organismos internacionales reclaman investigaciones independientes y mayor rendición de cuentas.
Con más de un centenar de muertos en apenas semanas, la ofensiva en el Pacífico plantea interrogantes sobre su impacto real en el narcotráfico y sobre el respeto a los derechos humanos en la región.