El Gobierno de Honduras, mediante el Decreto Ejecutivo PCM 38-2025, instruyó a todas las instituciones del sector público no financiero a devolver a la Tesorería General de la República (TGR) los recursos que no estén comprometidos legalmente, no correspondan a obligaciones devengadas ni tengan un destino específico establecido por ley o contrato.
La medida, anunciada el 25 de diciembre de 2025, responde a la necesidad de optimizar el gasto público y fortalecer la centralización de los recursos estatales, en línea con la agenda de “refundacióTesoren” impulsada por el Ejecutivo. Según la Secretaría de Finanzas (SEFIN), los fondos recuperados se integrarán a la Cuenta Única de la Tesorería (CUT), lo que permitirá una mejor administración y control de los saldos disponibles.
Analistas señalan que la decisión refleja la severa crisis de liquidez que enfrenta el Estado hondureño, provocada por factores acumulados como emergencias climáticas, crisis migratoria, embargos judiciales, préstamos bloqueados en el Congreso y el rescate financiero de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). El Gobierno busca con esta medida cubrir obligaciones urgentes y evitar un mayor deterioro de la caja fiscal.
La disposición también ha generado debate político. Mientras sectores oficialistas destacan la importancia de garantizar transparencia y disciplina fiscal, críticos advierten que la medida podría afectar proyectos en ejecución y limitar la autonomía financiera de algunas instituciones.
El Decreto PCM 38-2025 se enmarca en los esfuerzos del Gobierno por salvaguardar las finanzas públicas y asegurar la sostenibilidad del presupuesto 2025, aprobado con énfasis en integridad financiera y control del gasto.
La Secretaría de Finanzas confirmó que en los próximos días se notificará a cada institución sobre los montos a reintegrar, y que el proceso será supervisado para garantizar el cumplimiento estricto de la disposición.