La crisis electoral hondureña se agudizó luego de que la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, denunciara públicamente la paralización de los escrutinios especiales por parte de los delegados del Partido Liberal y de Libertad y Refundación (Libre).
A través de su cuenta en la red social X, López afirmó que tras reorganizar la logística y reforzar la seguridad luego de los actos de violencia registrados en el Centro Logístico Electoral, todo estaba listo para el ingreso del “turno B” y la reanudación del conteo de actas con inconsistencias. Sin embargo, los representantes de ambos partidos abandonaron el recinto, lo que provocó una nueva interrupción del proceso.
La consejera calificó esta acción como una “confabulación” destinada a impedir la declaratoria oficial de resultados, señalando que se trata de una conducta que vulnera la legalidad y el cronograma electoral.
“Este comportamiento no admite interpretación adicional: su objetivo es impedir la declaratoria”, escribió, al tiempo que exigió la actuación inmediata de las Fuerzas Armadas en su calidad de garantes del proceso.
López advirtió que los representantes partidarios deben cumplir con la función para la cual fueron acreditados o ser desalojados del recinto, iniciando procesos por delitos electorales y sustituyéndolos de inmediato.
“Señores de las JEVR, ustedes no deciden lo que el pueblo vota. Están atentando directamente contra los votos de los hondureños”, enfatizó.
El CNE había dispuesto la infraestructura y el personal para avanzar en el escrutinio especial de más de 2,700 actas con inconsistencias, un procedimiento clave para definir los resultados finales de las elecciones.
Sin embargo, la negativa de los partidos a integrar las Juntas Especiales de Verificación y Recuento (JEVR) ha generado un estancamiento que, según López, responde a una estrategia de boicot político.
La consejera concluyó que la actitud de los delegados refleja una “vocación democrática inexistente” y un irrespeto hacia el pueblo hondureño que ya expresó su voluntad en las urnas.
La presión internacional y la intervención de las Fuerzas Armadas se perfilan ahora como factores decisivos para destrabar el proceso y garantizar la transparencia en la declaratoria final.