La violencia volvió a golpear al sistema judicial hondureño cuando la jueza Lilian Elizabeth Padilla Martínez, de 37 años, fue asesinada a balazos en el bulevar Mackey de San Pedro Sula, departamento de Cortés.
Según los informes preliminares, sujetos desconocidos interceptaron el vehículo tipo Toyota Prado en el que se conducía y descargaron una ráfaga de disparos, dejando al menos ocho perforaciones visibles en el cristal lateral.
Tras el ataque, la camioneta avanzó varios metros sin control hasta impactar contra el muro perimetral de la residencial Los Cedros. La víctima, originaria de La Ceiba, Atlántida, era reconocida como funcionaria del Poder Judicial y se encontraba en la capital industrial del país por motivos personales.
En redes sociales, se mostraba como una mujer carismática, viajera y con planes familiares para las fiestas navideñas.
El crimen ha generado conmoción en el gremio judicial y entre la ciudadanía, que cuestiona la creciente inseguridad en Honduras.
Autoridades policiales confirmaron que investigan el caso y no descartan la participación de estructuras criminales organizadas. Testigos señalaron que los atacantes se movilizaban en un vehículo turismo desde el cual ejecutaron la ráfaga de disparos.
La jueza Padilla se suma a la lista de operadores de justicia que han sido víctimas de atentados en los últimos años, lo que ha encendido las alarmas sobre la necesidad de reforzar la seguridad para jueces y fiscales en el país.
Organizaciones de derechos humanos y asociaciones de abogados han exigido al Estado esclarecer el crimen y garantizar justicia.
El Poder Judicial expresó su pesar por la pérdida y destacó la trayectoria de Padilla, quien había desempeñado funciones en La Ceiba.
Su asesinato ocurre en un contexto de alta violencia en San Pedro Sula, ciudad que registra una de las tasas más elevadas de homicidios en Centroamérica.