El futuro de miles de hondureños amparados en el Estatus de Protección Temporal (TPS) quedará definido el próximo 22 de enero de 2026, cuando la jueza Trina Lynn Thompson de la Corte Federal del Distrito Norte de California emita la resolución final sobre la continuidad del programa.
La audiencia celebrada en San Francisco se extendió por más de cuatro horas y contó con la presencia de defensores de los migrantes, entre ellos el presidente de la Fundación 15 de Septiembre, Juan Flores, quien viajó desde Miami para acompañar el proceso. Flores señaló que la defensa presentó sus mejores argumentos, pero reconoció que “la moneda queda en el aire” y la incertidumbre persiste para las familias hondureñas.
Actualmente, más de 55,000 hondureños dependen del fallo judicial. Según Flores, algunos beneficiarios han sido detenidos, otros se han autodeportado y miles esperan con angustia la decisión.
El TPS fue creado en 1990 como un mecanismo humanitario para evitar deportaciones y otorgar permisos de trabajo a ciudadanos de países afectados por crisis. Honduras recibió este beneficio en 1999, tras la devastación causada por el huracán Mitch, y desde entonces ha sido renovado en 18 ocasiones por gobiernos de ambos partidos en Estados Unidos.
La controversia actual surgió en julio de 2025, cuando la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, bajo la administración Trump, anunció la terminación del TPS para Honduras, argumentando que las condiciones en el país habían mejorado lo suficiente para permitir el retorno de los beneficiarios.
Organizaciones de migrantes y defensores de derechos humanos han advertido que la cancelación del TPS tendría consecuencias devastadoras, no solo para los hondureños en EE. UU., sino también para la economía nacional, que depende en gran medida de las remesas familiares, las cuales superan los 9,000 millones de dólares anuales.