Un nuevo recurso de inconstitucionalidad fue interpuesto contra la vigencia del estado de excepción en Honduras, cuya extensión hasta el 27 de diciembre ha generado fuertes cuestionamientos en vísperas de las elecciones generales programadas para el 30 de noviembre de 2025.
El planteamiento, presentado ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), sostiene que la medida restringe derechos fundamentales como la libre circulación, el derecho de reunión y la participación política, lo que podría afectar directamente la transparencia y la participación ciudadana en los comicios.
El decreto vigente, aprobado el pasado 12 de noviembre, amplía por 45 días un régimen de excepción que ya lleva casi tres años en vigor.
Según el gobierno, la medida busca frenar la violencia del crimen organizado y garantizar la seguridad pública.
Sin embargo, críticos como el diputado liberal Jhosy Toscano han calificado la decisión como “un atentado contra las elecciones”, advirtiendo que limita la movilidad de los votantes y genera un clima de miedo previo a la jornada electoral.
Organizaciones de derechos humanos y expertos en derecho constitucional también han alertado que mantener la suspensión de garantías en un momento tan crítico para la democracia hondureña podría sentar un precedente peligroso, debilitando la separación de poderes y el equilibrio entre seguridad y libertades individuales.
El estado de excepción se aplica actualmente en 226 de los 298 municipios del país, lo que significa que el 91 % de la población hondureña vive bajo restricciones de derechos.
La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y otros colectivos han advertido que la prolongación amenaza la integridad del proceso electoral y podría derivar en cuestionamientos internacionales sobre la legitimidad de los resultados.
La CSJ deberá analizar el recurso y determinar si la medida se ajusta a la Constitución. Mientras tanto, el país se prepara para unas elecciones que, por primera vez en su historia reciente, se celebrarán bajo un estado de excepción.