El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizó este sábado el despliegue de 300 efectivos de la Guardia Nacional en la ciudad de Chicago, con el objetivo de “proteger a los funcionarios y activos federales”, según confirmó la subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Abigail Jackson.
La medida se tomó pese a la firme oposición de autoridades locales, incluyendo la alcaldesa Lori Lightfoot, quien calificó la decisión como “una provocación innecesaria”.
El despliegue forma parte de una estrategia federal más amplia que busca reforzar la seguridad en ciudades consideradas “zonas críticas” por el gobierno, en el marco de operativos contra la inmigración ilegal y el crimen organizado. Chicago se suma así a otras urbes donde ya se han enviado tropas, como Los Ángeles, Washington D.C., Portland y Memphis.
La Casa Blanca argumenta que el aumento de la violencia armada, los saqueos y las protestas contra las políticas migratorias justifican la presencia militar. En lo que va del año, Chicago ha registrado más de 500 homicidios, según datos del Departamento de Policía local, lo que representa un aumento del 12% respecto al mismo periodo de 2024.
Sin embargo, líderes comunitarios y organizaciones de derechos civiles han expresado su preocupación por el impacto que podría tener la militarización en los barrios más vulnerables. “La presencia de tropas federales no resuelve los problemas estructurales de violencia, pobreza y exclusión social”, señaló el reverendo Jesse Jackson, fundador de Rainbow PUSH Coalition.
La alcaldesa Lightfoot anunció que su administración presentará una demanda ante tribunales federales para bloquear el despliegue, argumentando que viola la autonomía municipal y podría escalar las tensiones sociales.
El Departamento de Justicia aún no ha emitido comentarios sobre la legalidad de la orden presidencial. Mientras tanto, los primeros contingentes de la Guardia Nacional podrían llegar a Chicago en las próximas 72 horas.