A tres días de la cancelación definitiva del Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos, la defensora de derechos humanos, Itsmania Platero, lanzó una advertencia urgente a los más de 55 mil hondureños amparados bajo este beneficio migratorio: si no buscan representación legal acreditada, podrían perder de inmediato los bienes adquiridos durante su estadía en ese país.
Platero señaló que la incertidumbre ya afecta la vida cotidiana de los “tepesianos”. Muchos han dejado de asistir a sus trabajos por temor de sus empleadores a sanciones legales, mientras que padres de familia optaron por no enviar a sus hijos a la escuela ante el riesgo de que sean retenidos por autoridades migratorias. “Hay reportes de hondureños detenidos por agentes del ICE, obligados a descender de sus vehículos y trasladados a centros de procesamiento”, denunció.
La defensora instó al gobierno hondureño a activar urgentemente sus mecanismos consulares y coordinar con instituciones como el Registro Nacional de las Personas (RNP) y la Dirección de Investigación Policial (DIP), ante el riesgo de que algunos migrantes con antecedentes sean enviados a centros de detención en terceros países como El Salvador.
Por su parte, Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre, responsabilizó directamente al gobierno por no haber impulsado acciones diplomáticas que protegieran a la comunidad migrante.
“El Ejecutivo abandonó a los tepesianos. Prefirió alianzas ideológicas con regímenes autoritarios en lugar de defender a sus ciudadanos en el exterior”, reclamó.
Flores también alertó sobre el impacto familiar de la medida. “Hay cerca de 60 mil niños ciudadanos estadounidenses, hijos de tepesianos, que podrían ser enviados a Honduras junto a sus padres. Ellos también están en peligro de deportación”, expresó.
La cancelación del TPS, anunciada por la administración de Donald Trump y ratificada por una corte de apelaciones en California, entrará en vigor el lunes 8 de septiembre. La medida afecta también a ciudadanos de Nepal y Nicaragua, y deja a miles de familias en situación de vulnerabilidad legal, económica y emocional.
Organizaciones migrantes han convocado vigilias y protestas en ciudades como Los Ángeles, Houston y Miami, mientras abogados y defensores de derechos humanos exigen que se garantice el debido proceso y se evite una deportación masiva sin alternativas legales viables.