CIUDAD DE MÉXICO. — México dio un giro histórico en su sistema de justicia con la toma de posesión de más de 2,000 jueces, magistrados y juzgadores elegidos por voto popular, incluyendo los nueve integrantes de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Este hecho, resultado de la reforma constitucional impulsada por el gobierno, marca el inicio de una “nueva era” en el Poder Judicial, aunque no exenta de controversia.
La elección, celebrada el pasado 1 de junio, fue cuestionada por diversos sectores debido a la baja participación ciudadana (13%) y denuncias de irregularidades, como el uso de recursos públicos y propaganda dirigida para favorecer a candidatos afines al oficialismo.
Organizaciones como Defensorxs y Human Rights Watch han advertido que este modelo podría debilitar la independencia judicial y abrir espacios a la influencia del crimen organizado.
Uno de los momentos más simbólicos se vivió en el Zócalo capitalino, donde autoridades indígenas realizaron una ceremonia ancestral para entregar el “bastón de mando” a los nuevos ministros de la Corte.
El acto incluyó danzas tradicionales, incienso y discursos en lenguas originarias, destacando la figura de Hugo Aguilar Ortiz, indígena mixteco y el candidato más votado, quien asumió la presidencia del máximo tribunal.
Aguilar, exfuncionario del expresidente López Obrador, afirmó en redes sociales que “la justicia debe acercarse a cada sector del pueblo” y prometió que la nueva Corte “no será guiada por el poder ni el dinero, sino por el servicio al pueblo”.
La reforma contempla una segunda etapa en 2027 para renovar cargos locales y completar el rediseño del sistema judicial. Mientras tanto, el país observa con expectativa y cautela el desempeño de los nuevos jueces, en un contexto donde la impunidad supera el 90% y la confianza en las instituciones sigue siendo frágil.