SAN FRANCISCO, California. — La Corte Federal del Noveno Circuito, con sede en San Francisco, ratificó la decisión de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos hondureños, medida que entrará en vigor el próximo 8 de septiembre de 2025 a las 11:59 p.m., según lo establecido por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
El fallo responde a una apelación presentada por la administración del expresidente Donald Trump, revocando la prórroga concedida por la jueza Trina Thompson, quien había extendido temporalmente el beneficio hasta el 18 de noviembre mientras se analizaba el caso.
Los magistrados argumentaron que las condiciones en los países beneficiados ya no justifican la continuidad del programa.
El TPS, creado en 1990, permite a ciudadanos de países afectados por desastres naturales o conflictos internos residir y trabajar legalmente en Estados Unidos.
En el caso de Honduras, se estima que entre 55,000 y 70,000 personas están amparadas bajo este estatus migratorio. También serán afectados nicaragüenses y nepalíes, cuyos beneficios fueron anulados por el mismo fallo.
Organizaciones migrantes advierten que la finalización del programa podría provocar deportaciones masivas, pérdida de empleos legales, separación familiar y un aumento en la migración irregular.
Además, se prevé un impacto económico significativo, dado que los beneficiarios del TPS contribuyen con impuestos y remesas vitales para sus países de origen.
Aunque el fallo representa un duro revés, aún existen posibilidades de apelación ante instancias superiores.
Diversas organizaciones instan al Congreso estadounidense a aprobar una solución legislativa que otorgue estabilidad migratoria permanente a quienes han vivido durante años bajo el amparo del TPS. La cuenta regresiva ha comenzado, y miles de hondureños enfrentan un futuro incierto en suelo estadounidense.