Fiscales de la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial (UF-ADPOL), presentaron requerimiento fiscal y aseguramiento de bienes al excoordinador del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad y representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) en dicho fideicomiso, Juan Ramón Molina Rodríguez.
Asimismo, la acusación se extiende a la gerente de empresa Plasticards S. A., Liana María Mayorga Castillo, quien ya fue capturada por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y presentado ante el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Criminalidad Organizada Medio Ambiente y Corrupción.
A ambos, el Ministerio Público los acusa por suponerlos responsables de defraudar por 18,547,200 lempiras al Estado mediante el suministro de tarjetas PVC para la emisión de licencias de conducir.
Los delitos imputados son abuso de autoridad, fraude y lavado de activos.
De acuerdo con las investigaciones, la Secretaría de Seguridad, en diciembre de 2021, adjudicó irregularmente la compra de 480 mil tarjetas a Plasticards S.A., la cual había sido constituida apenas dos meses antes de ser beneficiada con el contrato, según el informe. Sin embargo, aunque oficialmente se reportó el ingreso de las 480 mil tarjetas, en realidad solo 258,000 llegaron al país, agregó.
La portavoz de los juzgados, Bárbara Castillo, confirmó que “el juez del Juzgado en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción celebró audiencia de declaración de imputado y dictó detención judicial en la causa instruida contra Liana María Mayorga Castillo, por suponerla responsable de fraude y lavado de activos en perjuicio de la Secretaría de Seguridad”. La audiencia inicial quedó programada para el jueves 21 de agosto.
REMITIDA A PENITENCIARÍA
La encausada fue remitida a la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), ubicada en Támara, Francisco Morazán.
De acuerdo con el hecho por el cual están siendo procesados los encausados, el 22 de enero de 2022, apenas cinco días antes de que el nuevo gobierno asumiera la administración pública, la Secretaría de Seguridad realizó un pago de 18.5 millones de lempiras a Plasticards.
Tres días después, su gerente Liana María Mayorga Castillo, habría transferido unos 17 millones de lempiras a la empresa Inversiones MyM, S. de R.L., propiedad de Juan Ramón Molina, quien legalmente tenía prohibido contratar con el Estado por su cargo de coordinador de la Tasa de Seguridad.
También se comprobó que, aunque la adjudicación del contrato correspondió oficialmente a Grupo Plasticards, las tarjetas fueron suministradas por la empresa extranjera Interamerican Service Unlimited Corp., con sede en Estados Unidos e importadas por la empresa Inversiones MyM S. de R.L., de las cuales Juan Ramón Molina es socio propietario.
Los imputados también utilizaron fachadas de empresas internacionales y los sistemas financieros de Estados Unidos y Francia para triangular y lavar estos millonarios fondos provenientes del presupuesto nacional.
Ante estos hechos, el MP asegura siete bienes inmuebles, dos vehículos, 37 cuentas bancarias y cinco sociedades mercantiles vinculados a los imputados.
Entre los bienes inmuebles asegurados por la ATIC se encuentra una lujosa casa en la playa localizado en el complejo Las Gaviotas, Isla Zacate Grande, Amapala, Valle. Por su parte, el vocero del Ministerio Público, Yuri Mora, explicó que en el caso del encausado, Juan Ramón Molina Rodríguez, al parecer se encuentra fuera del país, por el que se emitió una alerta roja internacional para que se ejecute la orden de captura que tiene.