La reciente decisión judicial que amplió la protección del Estatus de Protección Temporal (TPS) para hondureños representado un alivio significativo para unas 50,000 familias en Honduras, que dependen de esta figura migratoria para mantener su estabilidad y bienestar.
La jueza Trina Thompson, en una resolución clave, extendió el amparo migratorio, evitando que expirara el próximo 5 de agosto para los nepaleses y el 8 de septiembre para los hondureños y nicaragüenses.
La ampliación se mantendrá hasta noviembre, cuando una nueva audiencia determinará el destino de estos migrantes y sus familias.
La extensión del TPS ha permitido que miles de hondureños continúen en Estados Unidos sin temor a ser deportados, manteniendo sus empleos y enviando remesas que representan uno de los pilares económicos del país.
Sin embargo, expertos advierten que esta protección temporal no soluciona los problemas estructurales que enfrenta Honduras ni las causas que hacen a muchos optar por emigrar.
El sociólogo Rolando Sierra, director en Honduras de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), señala que el TPS ha funcionado como un salvavidas legal para miles de hondureños desde hace más de dos décadas. Para él, su eventual cancelación tendría profundas repercusiones en todos los ámbitos: económico, social, psicológico y cultural.
“El TPS ha permitido a muchas familias vivir con dignidad, brindar educación a sus hijos, acceder a servicios básicos y estabilizarse en un contexto muy difícil. La cancelación pondría en riesgo toda esa estabilidad y profundizaría la crisis social”, expresó Sierra.
El especialista agregó que, aunque las remesas han ayudado a mitigar los efectos de la pobreza, no sustituyen un desarrollo estructural. “Las remesas mantienen en consumo a muchas familias, pero no resuelven los problemas fundamentales. Honduras necesita un plan integral de inserción laboral, económico y psicosocial para quienes regresan”, sostuvo.
Según Sierra, alrededor del 30% a 35% de los retornados logra reinsertarse en alguna actividad económica, predominantemente en el sector informal. Sin embargo, muchos enfrentan enormes desafíos, incluyendo deudas que superan los 14 mil dólares, gastos en el viaje y la dificultad para acceder a documentos legales necesarios para integrarse formalmente a la economía.
El fenómeno migratorio también tiene un fuerte componente emocional. Muchos migrantes no regresan por voluntad, sino por temor al fracaso o por haber sido estigmatizados, lo cual limita sus oportunidades de emprendimiento o de empleo digno. Además, la mayoría retorna sin recursos y con una carga emocional y psicológica que requiere atención especializada.
Sierra concluye que, para hacer frente a la economía de remesas y al fenómeno migratorio, Honduras debe implementar políticas de integración social, laboral y de apoyo psicológico. Solo así podrá aprovechar el potencial de sus migrantes y reducir las causas estructurales que llevan a las personas a buscar vidas en el extranjero.
Por ahora, la justicia ha otorgado un respiro temporal, pero la incertidumbre sobre el futuro del TPS mantiene en tensión a miles de familias hondureñas. La decisión definitiva en noviembre será crucial para definir si estas familias podrán mantener su estabilidad o si el país perderá un importante mecanismo de respaldo.