SAN PEDRO SULA. – La violencia volvió a sacudir la capital industrial del país este fin de semana, tras el asesinato de tres estudiantes del Instituto Tecnológico de Administración de Empresas (INTAE), quienes fueron raptados y ejecutados mientras se dirigían a realizar tareas académicas en grupo.
Las víctimas fueron identificadas como Brayan Josué Núñez Pineda (17 años), Luis Tercero (16) y Adonys Mejía (16).
Según el informe preliminar de la Policía Nacional, los adolescentes fueron interceptados por sujetos armados en la colonia La Pradera el viernes por la noche, y posteriormente llevados por la fuerza hasta un terreno baldío en el sector Reparto Lempira, donde fueron atacados a balazos.
Inicialmente, se reportó que uno de los jóvenes había sobrevivido con heridas graves y permanecía bajo pronóstico reservado en el hospital Mario Catarino Rivas.
Sin embargo, este domingo 27 de julio, se confirmó su fallecimiento, elevando el crimen al nivel de masacre.
Este hecho se suma a una creciente ola de violencia que afecta a la juventud hondureña.
De acuerdo con el Observatorio de la Violencia de la UNAH, esta es la masacre número 25 en lo que va de 2025, con cinco ocurridas solo en julio, y 85 víctimas mortales contabilizadas en estos eventos.
La comunidad educativa y organizaciones defensoras de derechos humanos han expresado su indignación.
El presidente del CODEH, Hugo Maldonado, calificó el crimen como una muestra del abandono estatal hacia la niñez y juventud:
“Este hecho debe considerarse una nueva masacre, evidencia del alarmante grado de violencia juvenil y la fragilidad de la seguridad pública”.
En redes sociales, madres y docentes han compartido mensajes de dolor y reflexión. La docente Andrea Laínez señaló:
“Como padres debemos corroborar con los maestros. No podemos descuidarlos. Estos tiempos están muy difíciles”.
Las autoridades continúan con las investigaciones, aunque no se han identificado a los responsables ni se ha esclarecido el móvil del crimen. La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) mantiene abiertas varias líneas de investigación.
Este suceso vuelve a encender las alarmas sobre la vulnerabilidad de los jóvenes, incluso cuando simplemente intentan ejercer su derecho a la educación. La sociedad exige justicia, protección y políticas urgentes para frenar la violencia que sigue cobrando vidas inocentes.