La hondureña Sayda Mariela Ayala Pinto, beneficiaria del programa DACA y propietaria de una empresa de camiones, fue arrestada el jueves 3 de julio por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Pomona, California.
La detención ocurrió a las afueras de una corte donde enfrentaba una audiencia civil por múltiples denuncias de fraude.
Ayala Pinto, de 35 años, es señalada por decenas de víctimas —en su mayoría pequeños empresarios latinos— de haberlos estafado durante más de cinco años mediante operaciones fraudulentas de compra y venta de camiones a través de su empresa Milestone Truck, con sede en Whittier.
“Siempre le pedí a Dios que nos hiciera justicia. Somos demasiadas víctimas”, declaró entre lágrimas Karen Núñez, una de las afectadas, quien asegura haber perdido cerca de un millón de dólares. Núñez testificó en la audiencia y grabó el momento del arresto con su celular.
La detención se produjo durante un receso del tribunal. Según testigos, Ayala salía del edificio cuando fue interceptada por varios agentes federales, quienes la esposaron y le colocaron cadenas alrededor de la cintura.
Ayala enfrenta más de 20 cargos criminales, entre ellos malversación de fondos, fraude con cheques y robo de identidad.
Las denuncias indican que utilizaba los números de seguro social de sus clientes para abrir cuentas de crédito sin su consentimiento.
Rubén Sandoval, otra víctima, afirmó que Ayala incluso habría denunciado a su hijo ante ICE como represalia, lo que derivó en su detención migratoria. “Hoy me siento un poco más cerca de la justicia”, expresó.
El abogado Adam Dolce, representante legal de varias víctimas, calificó el arresto como un avance significativo tras años de investigaciones civiles y penales.
“Finalmente, se ha alcanzado algún tipo de justicia”, declaró.
La situación legal de Ayala también pone en riesgo su estatus migratorio.
Aunque cuenta con protección bajo DACA, una condena penal podría derivar en la revocación de dicho beneficio y su eventual deportación. ICE aún no ha confirmado si se ha iniciado un proceso de remoción en su contra.
Ayala emigró a Estados Unidos en 2003, a los 13 años, tras el devastador paso del huracán Mitch y la creciente violencia en Honduras. Hoy, su futuro legal y migratorio pende de un hilo, mientras las víctimas esperan justicia definitiva.