El Ministerio Público allanó la residencia del general retirado Romeo Vásquez, exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, luego de ser acusado de haber recibido dinero del narcotráfico.
Agentes de la Fiscalía, acompañados de militares provistos con fusiles automáticos y al menos dos perros, ingresaron por la fuerza a la residencia de Vásquez, en el suroeste de Tegucigalpa, la capital hondureña.
Los militares ingresaron después de romper por la fuerza uno de los portones de la residencia de Vásquez, en la que había dos mujeres, al parecer sobrinas del exjefe castrense, de las que una de ellas le insistió a una fiscal que le presentara la «orden judicial en físico» para permitirles entrar.
Después de varios minutos de discusión y la advertencia de la fiscal que encabezaba la operación, de que, si no abrían, siempre iban a ingresar porque tenían la autoridad para hacerlo, se produjo el allanamiento.
Otro funcionario de la Fiscalía indicó a periodistas que otras dos residencias de Vásquez en Tegucigalpa también estaban siendo allanadas, y que buscaban información ligada al requerimiento fiscal contra el exjefe de las Fuerzas Armadas.
En un comunicado, la Fiscalía indicó que había presentado «requerimiento fiscal» contra Vásquez, por delito de lavado de activos agravado en perjuicio del orden socioeconómico del Estado de Honduras.
«La acusación se sustenta en prueba pericial que consiste en un material audiovisual (video) obtenido por el Ministerio Público, en la que se observa al imputado recibiendo dinero en efectivo de un reconocido narcotraficante, quien lideró uno de los carteles más violentos del país y posteriormente fue condenado en los Estados Unidos», añade el comunicado.
Sin precisar el monto de dinero que habría recibido Vásquez, ni el nombre del narcotraficante, que «el video fue sometido a un riguroso análisis técnico-científico en el Laboratorio de video forense de la Dirección de Medicina Legal, donde especialistas certificados internacionalmente confirmaron su autenticidad» y que dicho «material ha sido incorporado como prueba clave en el proceso».
Marvin Vásquez, sobrino del exjefe castrense, dijo a periodistas que el allanamiento es ilegal y reiteró que es parte de una «persecución política» emprendida por el Gobierno que preside Xiomara Castro, y su esposo, Manuel Zelaya, quien además es el principal asesor de la mandataria hondureña.