La Procuraduría colombiana inhabilitó temporalmente a nueve militares por espiar a un centenar de periodistas, políticos y defensores de derechos humanos hace cinco años, según un informe divulgado por el ente disciplinario.
El caso se remonta a 2020, cuando la revista Semana reveló que el Ejército elaboró carpetas secretas con información sobre 130 personas, incluidos al menos 30 periodistas.
Según el organismo encargado de vigilar a funcionarios, las constituyen una falta “grave” porque fueron “ordenadas, tramitadas acciones y ejecutadas (…) con fines ajenos a los objetivos legítimos de seguridad y defensa nacional”.
Los militares recolectaron fotos, direcciones y monitorearon redes sociales de comunicadores como María Alejandra Villamizar, del canal Caracol, y Nicholas Casey, del New York Times, además de espiar a medios completos.
La Procuraduría resolvió suspender su carga a los nueve implicados de tres a seis meses, sin salario. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) demostró insuficiente el castigo.
La sanción “desconoce la gravedad de la conducta al ignorar” la “sistematicidad de estas violaciones” y “las afectaciones a los derechos fundamentales de las y los periodistas”, dijo la FLIP, que anunció que apelará para exigir garantías de no repetición.
El espionaje de los militares apuntaba a relacionar reporteros con grupos armados como la extinta guerrilla de las FARC para “estigmatizar la labor periodística”, acusó Rutas del Conflicto, uno de los medios afectados.
“Nos parece una gran irresponsabilidad que el Ejército utilice herramientas de inteligencia (…) para hacer ese tipo de señalamientos sin ningún fundamento”, denunció.
Además de la sanción disciplinaria, el caso sigue activo en la justicia penal, bajo una investigación abierta por la Fiscalía en 2020.
Ese año el escándalo descabezó a doce oficiales, incluido un general, que fueron separados del servicio por orden del entonces presidente Iván Duque (2018-2022).
En Colombia, los escándalos de interceptaciones ilegales que involucran a autoridades no son nuevos. El disuelto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que dependía de la presidencia, se vio envuelto bajo el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) en un escándalo por escuchas irregulares a magistrados de la Corte Suprema, opositores y periodistas.