Los concejales del Consejo Nacional de Protección (CNP) solicitaron protección al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) ya que temen por su integridad física, luego de las acciones de irrespeto de las que fueron objeto en la sesión del pasado 15 de julio y las reacciones de molestia que se han presentado por sus demandas de respeto a la Ley de Protección.
En el marco de esa reunión, el Coordinador del Consejo Nacional de Protección y defensor de derechos humanos Donny Reyes, que es uno de los concejales representantes de la sociedad civil, fue irrespetado, lo que motivó que los demás gremios dieran un paso atrás mientras no se solvente esa precaria situación.
Donni Reyes hizo un llamado público a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, para que, de urgencia, se sienten a dialogar sobre la problemática que enfrentan con respeto a las decisiones tomadas por parte de la ministra de Derechos Humanos Nataly Roque.
“Estamos altamente preocupados por la problemática interna del Consejo Nacional y las consecuencias con el Mecanismo de Protección”, declaró.
Los miembros del Consejo Nacional de Protección se quejan que las acciones de la ministra de Derechos Humanos se han encaminado a detener casi todo proceso hacia la protección de las personas beneficiarias que suman 158 casos activos desde el año 2021 a mayo de2022.
De esos 158 casos, al menos, 119 corresponden a personas defensoras de derechos humanos y 39 a defensoras del medio ambiente, además, hay unas 50 medidas pendientes de implementar por falta de fondos.
Reyes expresó que el interés de los miembros del Consejo, es que se respete la ley y se garanticen las medidas oportunas e idóneas para que Honduras pueda seguir siendo un lugar donde se respete el derecho a la libertad de expresión y a defender los derechos humanos.
El Sistema Nacional de Protección, creado a través de la Ley de Protección, desde el año 2016, tiene como objetivo reconocer, promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales y el derecho a defender de toda persona natural o jurídica dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos, a la libertad de expresión y a las labores jurisdiccionales en riesgo por su actividad.
Desde el año 2021, el Consejo Nacional de Protección hizo 10 recomendaciones en las que urgía la autonomía integral del Sistema Nacional de Protección, desvinculándolo de la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) y, con un presupuesto robustecido que hiciera posible la operatividad, sin embargo, dichas recomendaciones no fueron atendidas y se engavetaron.
“Se imagina un mecanismo de protección sin los recursos necesarios, tanto técnicos como financieros, para que puedan realizar un trabajo y generar las medidas de protección”.
Esa es la dificultad y que la señora ministra no quiere escuchar, no quiere reconocer que hay que fortalecer ese mecanismo, que hay que respetar la ley, pero ese desconocimiento es una situación grave, lamentó Reyes.
En la reunión de este viernes participaron la Comisionada Nacional de los Derechos Humanos, Blanca Izaguirre, la Comisionada Adjunta II Jeniffer Matamoros, la secretaria general Astrid Díaz, el coordinador del Consejo Nacional de Protección Donny Reyes, los miembros de la Asociación de Fiscales Juan Rafael Soto, Víctor Marín y la concejal Dina Meza.
CIFRAS POCO ALENTADORAS
La Comisionada Nacional de los Derechos Humanos, Blanca Izaguirre exhortó a la Secretaría de Derechos Humanos a revisar sus actuaciones, a fin de asegurar que todos los sectores beneficiarios participen en espacios de diálogo.
Así mismo, definir de manera participativa los destinos del Sistema de Protección a la luz de los estándares internacionales y las necesidades de protección de los propios beneficiarios.
Indicó que los estándares internacionales de derechos humanos exigen que el Sistema de Protección cuente con un marco legal sólido que lo soporte, con recursos financieros y humanos necesarios y sostenibles y actuar con independencia y autonomía para activar el deber de protección.
Diferentes organismos nacionales e internacionales reconocen los desafíos y riesgos que existen en Honduras para que los defensores de derechos humanos cuenten con un entorno seguro y propicio ejercer su labor, particularmente en la protección de sus territorios, del medio ambiente y de los derechos de los pueblos étnicos.
Se estima que los años 2016 y 2017 han sido de los periodos más violentos para los defensores de los derechos humanos en Honduras.
Un reporte de la Red de Defensoras de Derechos Humanos revela que, durante ese periodo, se presentaron 1,230 agresiones y 5 femicidios, incluyendo el de la reconocida indígena y ambientalista Berta Cáceres, muerta violentamente el 3 de marzo de 2016.
En el 2021, las cifras continuaron siendo poco alentadoras, al reportarse tres defensoras de derechos humanos asesinadas y 67 víctimas de intimidación, agresiones y actos de criminalización.