El director del Comité Técnico de la Asociación de Pequeños y Medianos Acuicultores del Sur, Ricardo Pacheco, informó que alrededor de 91 fincas o unidades productivas están cerradas, y esas empresas generaban al menos 7 mil empleos que no están disponibles desde el año pasado.
En ese sentido el representante del rubro pide audiencias en el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) para poder reactivar el convenio que se les acaba de vencer con el fin de darle un «respiro económico» a los asociados por medio del financiamiento.
A pesar de la existencia del convenio, el entrevistado indicó que el problema es que solo el 25 por ciento de los asociados han tenido acceso por temas de central de riesgo y por tanto, solicitan a las autoridades correspondientes establecer un PCM o decreto para ayudar a los productores que generan divisas para el país y empleos en la región sur.
«Desde el año pasado pedimos tener acceso al convenio y lo planteamos de manera técnica financiera, pero lastimosamente no hemos tenido resultados», lamentó Pacheco.
Sin embargo, los pequeños acuicultores esperan superar el 25 y llegar al 60% de beneficiados con la firma de un nuevo convenio con Banadesa.
PRECARIO
«Los pequeños y medianos acuicultores estamos en una situación precaria porque nuestro mercado ha sido el nacional, y lastimosamente tenemos el problema de que algunos de la industria grande que están con el régimen especial Zoli, no deben vender sus productos localmente, pero lo están haciendo», denunció Pacheco en declaraciones a Radio América.
Ante la problemática el representante de los pequeños y medianos acuicultores manifiestan que llevado las denuncias ante la Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras (ANDAH), pero aún esperan las respuestas de las autoridades y eso les ha provocado serios problemas con la comercialización de sus productos como el camarón.
El entrevistado dijo que, si los hondureños les compran a los pequeños acuicultores, la libra de camarón tiene un precio accesible de entre 50 a 60 lempiras.
Enfatizó que, si las autoridades gubernamentales aprueban un PCM, este serviría como un «salvamento» para poder rescatar las 91 fincas de camarón cerradas y las cuales generaría más empleos, mayor circulante en la región sur y también divisas para el país.