La Policía Nacional, a través de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), logró la captura de un funcionario policial implicado en el asesinato del empresario Franklin Edilberto Villeda Caballero.
Este caso es parte de la operación denominada “La Estructura del Abogado”, o “Estructura de Nando”, orientada a desmantelar una red criminal vinculada a la venta fraudulenta de bienes inmuebles y a este homicidio.
El detenido, un agente de la Escala Básica de la Policía Nacional, enfrenta cargos por asesinato en perjuicio del empresario.
Según la investigación, el miércoles 19 de febrero de 2025, la víctima viajó desde el departamento de Colón, con la intención de concretar la compra de una propiedad.
Sin embargo, tras reunirse con los presuntos implicados en un hotel de San Pedro Sula, fue privado de su vida y su cuerpo trasladado a Pimienta, Cortés, donde intentaron incinerarlo.
Las investigaciones determinaron que esta estructura criminal es liderada por un abogado, quien habría reclutado a dos funcionarios policiales para la ejecución del crimen. Con base en las pruebas recabadas, se emitieron órdenes de captura contra el abogado cabecilla y el otro funcionario policial implicado en el caso.
No obstante, la efectividad de la operación se ha visto comprometida debido a la filtración prematura de información en redes sociales, lo que permitió alertar a los sospechosos y dificultó su captura.
Esta divulgación indebida generó el riesgo de fuga y obstaculizó la acción judicial, evidenciando la importancia de mantener la confidencialidad en procesos investigativos.
Ante esta situación, el Ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, giró instrucciones para la conformación de varios equipos de búsqueda y ubicación, con el fin de asegurar la pronta captura de los prófugos.
Además, se ha solicitado la emisión de alertas internacionales a través de INTERPOL, en caso de que los sospechosos intenten salir del país.
«Somos responsables en el cumplimiento de nuestra función desde la secretaria de Seguridad y la Policía Nacional, respetamos y observamos el cumplimiento de la ley.
Hemos separado a 3 mil miembros de la institución por cuestiones administrativas en los últimos 3 años y capturado a más de 300 de ellos que han realizado acciones constitutivas de delito y lo seguiremos haciendo, en el marco de la normativa jurídica vigente.
De la famosa depuración anterior, ya llevamos pagado más de 40 millones de lempiras por despidos injustos y sentencias emitidas contra el estado hondureño» manifestó Sánchez.