El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) expresó su preocupación luego que la Comisión de Seguridad Agraria, nombrada por el Gobierno, en el 2023, se caracteriza por ordenar desalojos forzosos en comunidades indígenas y campesinas asentadas sobre tierras en disputa.
Dicha preocupación la hizo del conocimiento del Relator de la ONU del Grupo de Trabajo sobre los Derechos de los Campesinos y otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales.
La Comisión se caracteriza por ordenar desalojos forzosos a nivel nacional de comunidades indígenas y campesinas que se encuentran asentados en tierras en disputa, señaló el ente estatal.
Además, le informó, al Relator, sobre la falta de representación de los pueblos indígenas, comunidades afrohondureñas y de campesinos o en su defecto, de movimientos sociales que representen directamente a dichas poblaciones en la toma de decisiones de la Comisión.
En la estructura de la Comisión de Seguridad Agraria no figura ninguna entidad estatal u organización internacional especializada en materia de derechos humanos tales como el CONADEH, la Secretaria de Derechos Humanos o la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Honduras (OACDH) en Honduras.
Situación que, según el CONADEH, no permite que las decisiones tomadas se rijan por el enfoque basado en derechos humanos.
El 6 de junio de 2023, el Gobierno de Honduras anuncio la creación, con carácter de emergencia, de la Comisión de Seguridad Agraria, tras concluir una reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.
La Comisión está integrada por el director del Instituto Nacional Agrario, un fiscal nombrado por el Fiscal General de la República, un juez con jurisdicción nacional nombrado por la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, un comisionado de la Policía Nacional, un oficial de las Fuerzas Armadas de Honduras.
Además, un diputado del Congreso Nacional, el presidente de la junta directiva del Instituto de la Propiedad y el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico.
El CONADEH también informó al Relator de la ONU que, en el país, aún persisten las violaciones a los derechos humanos en el Bajo Aguan.
Además, que se requiere que el Estado hondureño atienda con seriedad los asesinatos que aún se reportan en dicha región en perjuicio de personas defensoras de los derechos humanos y campesinos.
El CONADEH establece que, en el 2023, registró la muerte de 16 defensores de derechos humanos, de los cuales, 15 se dedicaban a la defensa del ambiente, la tierra y el territorio, algunos de los cuales contaban con medidas protección para garantizar su derecho a la vida y el derecho a la integridad personal.
En el 2024, al menos, cuatro defensores de los derechos humanos perdieron la vida violentamente, dos defendían la tierra y el territorio, otro era socio de la Cooperativa Agropecuaria de Campesinos Tranvío.
El pasado 14 de septiembre fue asesinado Juan López, integrante del Comité de Defensa de Bienes Comunes, funcionario público de la Corporación Municipal de Tocoa, Colón, líder religioso de la zona y uno de los beneficiarios de la Medida Cautelar MC-137-23 otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el 05 de octubre de 2023.
El CONADEH también informó al Grupo de Trabajo de la ONU que, pese al asesinato de Juan López, al 16 de octubre del 2024, el Estado hondureño aún no había adoptado las medidas de protección para el resto de los 19 beneficiarios de la medida cautelar.
Los aportes del CONADEH serán analizadas y debatidas por el Grupo de Trabajo sobre los Derechos de los Campesinos y otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales en su segunda reunión, que tendrá lugar del 21 al 25 de octubre de 2024.