Una red corrupta operaba en la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), organizada, desde las más altas esferas del Gobierno.
Según Rigoberto Portillo, exmiembro de la comisión interventora, esta red involucraba a altos funcionarios, quienes subastaban y vendían bienes incautados de manera anticipada, sin esperar las sentencias judiciales.
Los procesos de venta eran rápidos, con decretos y autorizaciones emitidas en cuestión de días o semanas, favoreciendo a personas cercanas al Gobierno.
La red tenía como objetivo saquear la institución, independientemente de si los bienes estaban en proceso de comiso o si los propietarios ya habían sido condenados en juicio.
“El propósito era entregar y saquear”, afirma el exinterventor, quien asegura que el dinero en efectivo no “tocaba tablita”; todo lo que ingresaba lo hacían fiesta. Todo se realizaba con gran rapidez; en cuestión de días o semanas, ya estaban listos los decretos, autorizaciones, procesos o subastas”, señala Portillo.
El exinterventor también menciona que la última subasta, realizada en enero de 2022 antes de la toma de posesión del nuevo gobierno, se organizó “a toda prisa”, sin las resoluciones ni dictámenes legales necesarios.
Los empleados operativos y directores internos estaban coludidos con todos los niveles de la red, ya que los procesos internos no podían llevarse a cabo sin la participación de las diferentes unidades.
“La firma final pertenecía al director o directora, o a quien representara a la institución. Pero la red estaba presente en todos los niveles”, enfatiza Portillo.
Lamentablemente, el exmiembro de la interventora señala que esta red de corrupción no está completamente desarticulada, ya que aproximadamente el 80 % de los empleados que trabajaron durante el gobierno nacionalista aún permanecen en la OABI. “La matriz de corrupción sigue ahí”, lamenta.
Rigoberto Portillo destacó que, durante su participación en la comisión, se lograron algunos cambios, como la reestructuración de la unidad de arrendamiento, que ha mantenido a flote la OABI.
Sin embargo, la magnitud de la corrupción exigía medidas más drásticas según Portillo, como la liquidación total del personal, una propuesta que no atendieron las autoridades.
La estructura actual de la OABI no es funcional y los procesos de administración y mantenimiento de los bienes incautados son ineficaces, lo que lleva a su deterioro.
Portillo subraya la necesidad urgente de reconstruir la institución para garantizar la correcta administración y protección de los bienes incautados.