Una Jueza de Letras Penal con Jurisdicción Nacional, resolvió imponer la medida cautelar de la detención judicial por el término de ley a los siete policías acusados por la comisión de varios delitos.
Ante la Secretaría del Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción, autoridades policiales presentaron a siete agentes de la DPI involucrados en seis ilícitos, entre ellos tres vinculados al flagelo que vulnera la ética de los servidores públicos.
De tal forma, que en la audiencia de declaración de imputado la fiscalía solicitó privar del derecho de la libre locomoción a los imputados, mientras la defensa consideró mantener el estado de inocencia y pidió medidas alternas.
Los detenidos y remitidos a la cárcel de Támara son; Rigoberto Ramos Ramos, Omar Daniel Paguaga Sevilla, Emerson Gabriel Castillo Martínez, Luis Gustavo Martínez Estrada, Bryan Emmanuel Mejía Vásquez, Félix Manuel Hernández Bonilla y Enar Moisés Ramos Ochoa, a quienes se les supone responsables de los delitos de robo con violencia e intimidación, allanamiento de morada por funcionario público, asociación para delinquir. falsificación de documentos públicos, falso testimonio y abuso de autoridad en perjuicio un testigo protegido, contra la inviolabilidad domiciliaria, los derechos fundamentales de la sociedad, la fe pública y la administración pública del Estado de Honduras.
Con los datos personales proporcionados por cada imputado, se les leyeron sus derechos y se les informó de la acusación, por lo que la Fiscalía pidió aplicar el término de ley, en el caso de la defensa consideró las medidas sustitutivas.
La jueza ante la gama de delitos planteados, la gravedad de las posibles penas a imponer, la capacidad que tienen para interferir en el proceso o atentar contra las víctimas o autoridades, consideró que deben cumplir el termino de ley para inquirir en el Centro Penitenciario de Támara, en el departamento de Francisco Morazán.
La audiencia inicial se estableció para las 09:00 del martes 30 de enero. A solicitud de la Fiscalía, el caso pasa a secretividad.