La medida de la detención judicial fue interpuesta ayer contra el director de “La Tolva”, coronel José Rodimiro Arita y al asesor penitenciario Luis Antonio Rodríguez Alvarado.
Así lo confirmó la portavoz de los Juzgados, Bárbara Castillo, quien además siguió que los encausados se les supone responsables de los delitos de lavado de activos y violación de los deberes de los funcionarios, en perjuicio de la seguridad social y la administración pública.
El juez en materia de criminalidad organizada y corrupción reprogramó la audiencia Inicial para el martes 19 de diciembre, a las 9:00 de la mañana y los dos cumplirán la medida en el Centro Penitenciario Nacional de Támara, detalló Castillo.
El Ministerio Público mediante un comunicado informó que presentó acusación ante el juzgado en criminalidad organizada y corrupción, en contra del jefe del Centro Penitenciario de Morocelí conocido como “La Tolva”, acusado de los delitos de lavado de activos y violación a los deberes de los funcionarios.
Asimismo, el ente fiscal, recordó que el jueves “ordenó la detención preventiva contra el coronel José Rodimiro Arita, jefe del Centro Penitenciario de Morocelí (La Tolva), quien luego de las diligencias investigativas se presentó el requerimiento fiscal por los delitos lavado de activos y violación a los deberes de los funcionarios, todo lo anterior obedece a indagaciones relacionadas a estar contribuyendo con maras y pandillas en una aparente entrega de casi medio millón de lempiras vinculada a los privados de libertad”.
Asimismo, detallaron que investigará el origen del dinero, quién lo llevó hasta el centro penal, a quién iba dirigido y si se pretendía lavar como producto de las extorsiones; cabe mencionar que en el centro penal de Morocelí solo hay miembros de la mara 18 entre las personas que guardan prisión.
De acuerdo a investigaciones, no es la primera vez que se llevan grandes cantidades de dinero a ese centro penal, en tal sentido las autoridades de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), quienes tienen a su cargo todos los centros penales del país, determinaron que se pusiera a la orden de la Fiscalía tanto al coronel como al abogado para continuar las investigaciones. Al mismo tiempo garantizan que no cesará en su lucha frontal contra la corrupción y la depuración de servidores del sector justicia y miembros de organismos de investigación del estado que cometan actos delictivos.