El expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Luis Larach, desestimó la advertencia realizada por el Servicio de Administración de Rentas (SAR) sobre la posibilidad de que Honduras sea considerada una «guarida fiscal» en caso de no aprobarse la Ley de Justicia Tributaria.
Larach calificó la advertencia como una «farsa» y aseguró que la misma carece de fundamentos tributarios, siendo más bien una estrategia política del gobierno para silenciar a los empresarios.
En sus palabras, «todos estamos claros y conscientes de que eso no tiene nada tributario, nada fiscal, es una herramienta política para silenciar al empresario. Que no estén tratando de desinformar a la población con estos temas».
El exlíder empresarial argumentó que el simple hecho de discutir la Ley de Justicia Tributaria ya ha generado «incertidumbre, fuga de divisas y fuga de capitales» en el país.
Larach rechazó la caracterización de Honduras como una «guarida fiscal», afirmando que más bien es un «infierno fiscal» para los hondureños.
En su análisis, Larach sostuvo que la intención del gobierno es adoptar una política similar a la de Venezuela, Nicaragua y otros países, permitiendo la discrecionalidad de los funcionarios públicos para determinar qué empresarios prosperan y cuáles no.
Afirmó que la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria no es urgente y que la verdadera necesidad es atraer a inversionistas y empresarios, ya que actualmente están abandonando el país, lo que contribuye a la fuga de inversión y de capitales.
La posición de Larach contradice la solicitud del SAR a los diputados opositores para que reconsideren su posición respecto a la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria.
Según el SAR, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha alertado al Gobierno de Honduras sobre la posible declaración formal del país como una «guarida fiscal» si la ley no se aprueba antes de junio de 2024.