El gobierno encabezado por la presidenta Xiomara Castro asumió el poder el 27 de enero de 2022 con importantes desafíos para garantizar el bienestar y desarrollo de más de nueve millones de hondureños y hondureñas, con la promesa de un cambio sustancial en todos los sectores y niveles para allanar el camino de un mejor futuro para las nuevas generaciones.
No obstante, los recientes incrementos salariales de altos funcionarios del Estado denotan incoherencia con la situación del país y la voluntad expresada por la presidenta Castro.
En los últimos 10 años, la ejecución de recursos para sueldos y salarios ha tenido un comportamiento ascendente, con una tasa promedio de crecimiento anual de 6 %; sin embargo, para 2023 se observa un aumento de 13 % respecto a 2022, lo que representa el 10.8 % del Producto Interno Bruto (PIB), superando el promedio de 9.5 % de América Latina.
Ante el perjuicio que esto representa para que la ciudadanía, principalmente la más vulnerable, pueda gozar de servicios de educación, salud y seguridad de calidad, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) se pronuncia en los siguientes términos:
1. Como medida de austeridad, en febrero de 2022 la presidenta Xiomara Castro, propuso que ningún funcionario puede devengar un salario mayor al suyo, es decir, más de 137 mil lempiras.
Pese a la intención de la mandataria, movimientos salariales de funcionarios registrados durante el presente año evidencian discrecionalidad en la proporción de aumentos, que van desde el 10 % hasta el 41 % en el caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), mientras la población sufre a causa de severas carencias en servicios públicos.
2. Estos salarios, así como otras medidas relacionadas con gastos como el alquiler de vehículos blindados y viajes al exterior de grandes comitivas, entre otros, no responden al principio de austeridad que desde el Poder Ejecutivo se ha pregonado y que resulta clave en el actual contexto de país para las finanzas públicas.
Por otro lado, los incrementos autorizados por los responsables de las instituciones públicas tampoco corresponden al índice de inflación y, por ende, perpetúan injusticias al asignar excesivos recursos a élites privilegiadas, en lugar de atender las necesidades más básicas de la población hondureña.
3. Un análisis independiente de ASJ señala que, al 4 de septiembre, el sector público contaba con 188,558 empleados permanentes y 31,705 bajo modalidad de contrato y otras, totalizando los empleados de la administración centralizada y descentralizada 220,263 personas.
Por lo anterior, urge la priorización en la asignación de personal en las instituciones, en función de los servicios que prestan a la ciudadanía, considerando enfoque demográfico, nivel de pobreza, indicadores de salud, educación, seguridad ciudadana, etc., a fin de buscar eficiencias en el uso de los recursos públicos.
Desde la sociedad civil organizada, ASJ hace un llamado al Poder Ejecutivo a adoptar las medidas necesarias que reflejen el compromiso de las autoridades con los hondureños y hondureñas más vulnerables que hoy reclaman atención sanitaria, medicamentos, infraestructura educativa, asignación de maestros y seguridad en las calles.
Honduras requiere la implementación de una política salarial objetiva que promueva un sector público competitivo, que brinde servicios de calidad a la ciudadanía y regule aumentos salariales, a fin de evitar discrecionalidad.