Con las nuevas reformas en el Congreso Nacional, la Secretaría de Finanzas controla ahora alrededor de 10,800 millones de lempiras, que venía manejando la banca privada en fideicomisos, durante los gobiernos nacionalistas.
Estos contratos de fideicomiso, al 31 de diciembre de 2021, presentan inversiones por más de 2,000 millones de lempiras; una cartera de más de 25,000 millones de lempiras; compromisos o deudas que ascienden a 6,000 millones de lempiras; y un disponible de 10,800 millones de lempiras.
El decreto fue publicado en La Gaceta bajo número 35-919 y en el mismo se instruye a las secretarías de Estado, instituciones descentralizadas y entes financieros estatales para que procedan a realizar la cancelación y liquidación de los contratos o convenios de todos estos fideicomisos.
Agrega el decreto que las disponibilidades inmediatas, inversiones en títulos valores en el país o en el extranjero, así como los rendimientos financieros deben ser transferidos a la Cuenta Única de la Tesorería General.
El Gobierno fundamenta estos movimientos financieros en que, hasta la fecha, al menos 18 contratos de fideicomiso han sido establecidos en leyes generales, contrario a lo que manda la Constitución de la República.
La ley primaria apunta que es competencia del Poder Ejecutivo la administración de los fondos públicos y agrega que, para la percepción, custodia y erogación de los mismos, habrá un Servicio General de Tesorería para constituir una sola cuenta con todos los ingresos fiscales.
Una docena de los fideicomisos fueron dados en administración a BANHPROVI. Son los que corresponden a transporte, áreas protegidas, seguridad vial, Fondo de Seguro de Depósitos (FOSEDE), Mipymes, Mejoramiento de Infraestructura y Servicios de Islas de la Bahía y la Administración de Garantía Soberana y Fiduciaria (FOGASO).
Esta lista se completa con los fideicomisos de consolidación de deudas de afiliados al INPREMA, apoyo financiero a los sectores económicos y fondo de garantía para la reactivación de las PYMES y de las empresas afectadas por la pandemia.
El Banco Central ha administrado la Tasa de Seguridad, mientras que los fideicomisos de infraestructura vial, operación de la terminal de graneles y contenedores de carga de Puerto Cortés, así como el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y el de generación de energía y desarrollo para el control de inundaciones, han estado bajo dominio de cinco instituciones bancarias privadas.
Un registro efectuado en los primeros dos meses del actual Gobierno, permitió identificar 70 contratos de fideicomiso, de los cuales 54 fueron constituidos por la vía ejecutiva y al 31 de diciembre de 2021, tenían una disponibilidad de más de tres mil millones de lempiras.