La Comisión Interventora del Sistema Penitenciario Nacional se comprometió este sábado en investigar bien el caso de la muerte de un reo recién trasladado a la cárcel de Morocelí, El Paraíso, y asimismo asegura que les sumará delitos a los responsables del hecho.
En ese sentido, la Comisión Interventora del Sistema Penitenciario Nacional, junto al directorio Estratégico del Instituto Nacional Penitenciario, a las instituciones Nacionales e Internacionales, organizaciones de la sociedad civil que velan por el respeto de las garantías y derechos de las personas privadas de libertad, a las personas privadas de libertad, sus familiares, visitantes y, a la ciudadanía en general, informa.
Asumiendo el compromiso de la administración del Sistema Penitenciario Nacional, tomando y teniendo presente la posición garante del Estado frente a las personas privadas de libertad y teniendo la obligación de garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de libertad, en particular su integridad física y psíquica, salud, vida y la reinserción social, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales en la materia, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones se declaró mediante el Decreto Ejecutivo PCM 14- 2023 del 1º de abril de 2023 la prórroga por un año más de la emergencia del Sistema Penitenciario Nacional, ante los múltiples eventos violentos registrados en los centros penitenciarios del país y se nombra la actual comisión interventora.
La Comisión Interventora y el directorio Estratégico del INP tiene presente que el objetivo primordial que se dio por la presidenta del Consejo de Ministros es el desmontar las estructuras criminales que operan dentro de los centros penitenciarios”. Es por ello que ante las constantes denuncias de actos de violencia entre la población privada de libertad que dejaron personas lesionadas, heridas como actos de extorsión entre sus familiares y que través de la inteligencia del Estado se tuvo conocimiento de órdenes de extorsión y delitos conexos desde el Centro Penitenciario de Olanchito, Yoro, a otras zonas del país, y verificando que no hubo informe de las autoridades penitenciarias, por lo que ante las denuncias y sus recomendaciones remitidas desde el MNP Conaprev y las organizaciones de sociedad civil que velan por el respeto y garantía de las personas privadas de libertad, se tomó la decisión de revelar de su cargo al Director y agentes penitenciarios asignados a este centro, que estuvieron hasta el 16 de mayo del 2023.
En el marco de la Operación refundación penitenciaria II se ordenó el traslado por razones de seguridad de 14 personas privadas de libertad, en atención a los múltiples actos violentos entre la población penitenciaria, que conllevaba el tener sometida a las personas privadas de libertad. Los trasladados manifestaron que pertenecía a un grupo delictivo organizado, proceso de traslado que previo y posteriormente se ejecutó respetando la legalidad de los mismos.
Este día sábado 17 de junio del 2023 a las 7:30 horas se reportó por parte de las autoridades del Centro Penitenciario de Morocelí, El Paraíso “La Tolva” que un grupo de personas privadas de libertad dejaron el cuerpo sin vida del privado de libertad que responde al nombre de Enrique Aníbal Hernández Muñoz de 43 años de edad, a quien se le suponía responsable de la comisión de los delitos de femicidio, asesinato, tentativa de asesinato inacabado.- Muerte bajo custodia que será investigada, a fin de no continuar generando impunidad y responder como garantes, en atención a que esta muerte es producto de los conflictos internos entre miembros de estructuras criminales que conviven en uno de los módulos.
Estas celdas son inaceptables, por lo que ya se ha coordinado con la Dirección Policial de Investigación (DPI) y Medicina Forense para realizar el levantamiento cadavérico, la investigación correspondiente para determinar la causa de la muerte, y proceder a remitir las diligencias en contra de quienes participaron en esta acción.
La Comisión Interventora del Sistema Penitenciario Nacional se compromete y mantiene la postura de que toda muerte bajo custodia en condiciones violentas será investigada y se deducirá responsabilidad penal y se aplicarán las sanciones disciplinarias establecidas en el Reglamento Disciplinario para las personas privadas de libertad.