El Consejo de Seguridad de Honduras aprobó el Plan Nacional de Solución Contra el Crimen y la ampliación por seis meses más del estado de excepción para frenar la violencia criminal y otros delitos como la extorsión.
El Plan Nacional y la ampliación del estado de excepción, vigente desde el pasado 20 de febrero, fueron aprobados por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, que encabeza la presidenta hondureña, Xiomara Castro, según un comunicado divulgado por el Ejecutivo hondureño.
Con esta ampliación quedarán suspendidas las garantías constituciones por un término de seis meses, afirmó el ministro hondureño de Seguridad, Ramón Sabillón.
La Secretaría de Seguridad es responsable de coordinar y ejercer sus facultades en todo el país, y responderá por sus resultados en este plan en los departamentos de Francisco Morazán y Cortés, centro y norte del país, donde se busca “combatir y poner fin a la criminalidad”, señaló.
Por su parte, la Secretaría de Defensa colaborará de “manera efectiva” ejecutando acciones y actividades en materia de seguridad como lo ha venido realizando permanentemente, pero ahora de manera especial en los departamentos de Colón, Olancho, El Paraíso y Gracias a Dios, caribe, y este del país.
La Policía Militar del Orden Público (PMOP) colaborará en acciones y actividades de seguridad en los departamentos de Atlántida, Yoro y Copán, en el Caribe, norte y oeste del país, según el documento.
El Consejo Nacional de Seguridad y Defensa instruyó a las Fuerzas Armadas de Honduras a colaborar con el Instituto Nacional Penitenciario en la habilitación de batallones como “Centros de Reclusión de Emergencia” para dar cumplimiento al Plan Nacional de Solución contra el Crimen.
JUECES Y FISCALES ESPECIALES
La Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público asignarán jueces con jurisdicción nacional y fiscales especiales, respectivamente, para acompañar de “manera eficiente y oportuna” las acciones ejecutadas por las fuerzas de seguridad con base en este plan, agregó.
La presidenta hondureña emitirá además un decreto de emergencia para los equipos técnicos y operativos, así como para la construcción, reforma y equipamiento de instalaciones y centros penales de seguridad, en cualquier sitio del territorio, siguiendo los lineamientos nacionales e internacionales de transparencia y seguridad penitenciaria y detención de las personas, detalla el comunicado.
Toda la información y documentación generada como resultado del cumplimiento y funciones del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad estará bajo custodia de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, de acuerdo a la información oficial.
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones, con apoyo de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones, debe “prohibir la compra y venta de tarjetas sim-card (chip) para teléfonos celulares sin que exista un estricto registro e identificación de los comparadores, responsabilizando y sancionando en caso de incumplimiento a las compañías telefónicas autorizadas y sus sucursales para operar en el país”.
La Dirección Nacional de Inteligencia tendrá la tarde de elaborar un programa de análisis criminal para “compilar y sistematizar de manera ordenada y científica toda la información que exista sobre denuncias, investigaciones, detenciones, órdenes de captura, requerimientos fiscales y sentencias para efectos de identificar las personas con mayor incidencia en la comisión de delitos”, destaca el documento.