El sector privado tendrá un análisis con observaciones antes de Semana Santa sobre la “Ley de Justicia Tributaria” que recibió de manos de las autoridades del Servicio de Administración de Rentas (SAR).
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), reaccionó de esta reforma tributaria de amplio alcance que implica la eliminación de los regímenes exonerativos que han gozado por más de siete décadas.
“Lo que pretenden no es dar empleo, sino eliminarlo, no atraer inversión, sino alejarla”, expresó el director ejecutivo de la gremial empresarial, Armando Urtecho en conferencia de prensa.
“Lo que se pretende, no es crear empleo, sino eliminar los puestos de trabajo formales que tiene actualmente el país” y citó el caso de una maquila viene gozando de privilegios fiscales y que ofrece 25 mil empleos.
“Aquí no se vino a decir la verdad, se vino a atacar al sector privado, lamentablemente”, según Urtecho aludiendo la presentación que les hizo el director del SAR, Marlon Ochoa, de quien dijo que nunca ha tenido ni una pulpería y por eso no conoce los riesgos de invertir.
Puso en duda el discurso del gobierno de que encontró quebradas las finanzas públicas, ya que en un año elevó en dos ocasiones del Presupuesto de Ingresos y Egresos, además, las recaudaciones del año pasado aumentaron 121 por ciento.
El mensaje a los extranjeros para que no vengan a Honduras y se alejan las inversiones que podrían venir en base al “Llamado a la Acción” que hizo la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris para los países del Triángulo Norte de Centroamérica, cuestionó.
Lo que quiere la SAR, es algo parecido a los de Nicaragua de disolver la organización de empresarios y alejar las inversiones del país-
“Esas inversiones no vendrán a Honduras por este tipo de mensaje”. A criterio del dirigente empresarial, “si tan mal estamos, sino no queremos empresas formales ni empleos formales, mejor poner un letrero, emitir un decreto y decir que no vengan las empresas y que todo mundo se vuelva informal”.
“Ese es el mensaje de esa presentación, segundo es generar un conflicto entre los llamados pobres y los llamados ricos; tercero, un llamado de atención porque no quieren tener organizaciones que cuestionen la administración pública”.
Como cuarto punto, expuso que de que “tenemos que tener seguridad jurídica y están eliminando el decreto de fomento agroalimentario, entonces, decimos una cosa y hacemos otra”. “Que nos expliquen si quieren que se mantengan las empresas o no se mantengan las empresas, si quieren que se reduzca más la clase media, porque la exposición del señor del SAR, es que los ricos no pagan impuestos”, fustigó Urtecho.