La Cámara de Diputados de Chile rechazó el proyecto de reforma tributaria presentado por el gobierno del izquierdista Gabriel Boric, que constituía el pilar de su ambicioso plan de reformas sociales.
“Creemos que es una mala noticia para el país”, afirmó el ministro de Hacienda, Mario Marcel, tras la votación en la que por un estrecho margen de 73 votos a favor, 71 en contra y tres abstenciones, se rechazó la iniciativa, que para ser aprobada requería de una mayoría de voluntades entre el total de legisladores presentes en sala.
El proyecto fue rechazado con los votos de la derecha opositora. Pero fue la ausencia en la sala de tres diputadas de izquierda la que le impidió al gobierno sumar votos suficientes.
Por medio de esta reforma el gobierno de Boric buscaba recaudar el equivalente a 3,6 puntos adicionales del PIB para financiar la puesta en marcha de la ampliación del sistema de protección social del país, con una mayor cobertura en el área de la salud, educación y pensiones.
El proyecto incluía una reestructuración del impuesto a la renta, exenciones tributarias, un nuevo royalty minero y el aumento de los impuestos a las mayores rentas.
Tras este rechazo, el gobierno debe esperar un año para poder presentar una iniciativa similar. Pero como el proyecto original fue presentado pocos meses después de que Boric asumiera el poder, su gobierno tiene margen suficiente para plantear una nueva iniciativa e intentar aprobarlo en este período presidencial.
“Lo que hemos tenido en esta votación, es que la ideología se impuso sobre el pragmatismo. La ideología se impuso sobre el diálogo”, dijo Marcel.
La reforma tributaria que impulsaba el gobierno de Boric fue elogiada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que en su último informe sobre el país afirmó que “Chile necesita reformas para aumentar la productividad, la protección social y los ingresos tributarios, y hacer frente a los desafíos de corto plazo como la elevada inflación”.
Es un plan “ambicioso” pero “factible”, agregó el organismo, e indicó que los ingresos tributarios de solo el 21% del PIB “son insuficientes para satisfacer las crecientes demandas sociales, preservando al mismo tiempo la inversión pública necesaria en infraestructura, educación y salud”.
La reforma tributaria “va en la dirección correcta y acercaría la recaudación tributaria al promedio de América Latina y de la OCDE, que asciende al 28% y el 34% (del PIB), respectivamente”, añadió el organismo.