Honduras reúne las condiciones de ser considerado un paraíso fiscal a partir de la puesta en vigencia del nuevo Código Tributaria (2017) en el que se abolió el principio de renta mundial, expone un documento de la administración tributaria.
“Luego del Golpe de Estado se crearon mecanismos sofisticados para evadir impuestos dirigidos a grandes empresas con capitales en el extranjero”, establece el Servicio de Administración de Rentas (SAR) en la Memoria Institucional 2022.
A tal grado de considerar que “Honduras camino a ser un paraíso fiscal”, en vista que en el nuevo Código Tributario, se eximió del pago de impuestos sobre las rentas percibidas en el exterior a hondureños y residentes en Honduras”, expone la administración tributaria.
La tesis que esgrime el SAR, es que “al cambiar el principio de renta mundial” que se venía implementando en el Código Tributario de 1997, a “renta territorial”, se abrieron las puertas a la opacidad tributaria o paraíso fiscal.
Antes del 2017, si un empresario recibía dividendos por filiales de sus empresas en otros países, debía pagar impuestos por las utilidades percibidas fuera del país. Pero el accionar en contra del fisco hondureño, fue más allá, detalla el informe, con reformas legislativas y administrativas, que también permitieron a las grandes empresas ocultar información sobre sus transacciones comerciales y bancarias.
Por ejemplo, en el Decreto 117-2021 se eliminó la obligatoriedad a las empresas exoneradas del pago de varios impuestos, a presentar declaraciones sobre precios de transferencia o el secreto bancario decretado arbitrariamente en 2019 por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), añade.
Este grado de opacidad fiscal, llevó a que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), alertando en 2021 que los regímenes ZOLI (Zonas Libres) y ZEDE, podrían ser perniciosos de no ser derogados.
La advertencia fue hecha mediante una carta enviada a la Cancillería hondureña, “convirtiendo a Honduras en un paraíso fiscal formalmente declarado”, remacha el documento al que accedió LA TRIBUNA. Se expone, además, que un régimen se considera pernicioso cuando tiene características de “economía de enclave”, tal es el caso de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) que está pendiente ratificarse la derogación en una segunda legislatura.