El grupo cementero francés Lafarge, ahora propiedad del suizo Holcim, anunció que aceptó pagar una sanción de 778 millones de dólares a Estados Unidos y declararse culpable de haber ayudado a organizaciones terroristas en Siria, incluido el grupo Estado Islámico (EI) entre 2013 y 2014.
“En medio de una guerra civil, Lafarge escogió la opción impensable de poner dinero en las manos del EI, una de las organizaciones terroristas más brutales del mundo, con el fin de seguir vendiendo cemento”, dijo en Nueva York el fiscal federal de Brooklyn, Breon Peace.
Mientras Siria se sumía en el caos en 2013 y 2014, la empresa también “solicitó la ayuda (del grupo terrorista) para perjudicar a la competencia de Lafarge a cambio de una parte” de sus ventas, subrayó el fiscal.
En un comunicado la empresa cementera dijo haber “aceptado la responsabilidad por las acciones de sus ejecutivos individuales involucrados, cuyo comportamiento se dio en flagrante violación de los códigos de conducta” y que “lamenta profundamente” estos actos.
De acuerdo con la justicia de Estados Unidos, Lafarge pagó cerca de seis millones de dólares al grupo EI y al Frente Al-Nostra entre agosto de 2013 y octubre de 2014, así como 1,1 millones de dólares a intermediarios.
Dichos arreglos le habrían permitido unos 70 millones de dólares en ventas.
La sanción financiera incluye una multa por 91 millones de dólares y 687 millones más correspondientes a los activos obtenidos o mantenidos de forma ilegal.
La número dos del Departamento de Justicia estadounidense, Lisa Monaco, explicó a los medios que “cuando las empresas o sus dirigentes adoptan un comportamiento que amenaza nuestra seguridad nacional -en este caso apoyando a una organización terrorista violenta- el departamento reaccionará con determinación”.
-“Crímenes contra la humanidad”-
La empresa está acusada en Francia de “complicidad en crímenes contra la humanidad” debido a sus actividades realizadas hasta 2014 en Siria.
La investigación de la justicia francesa considera que la empresa entregó sumas entre los 4,8 y 10 millones de euros al EI. Al tiempo, se investiga si Lafarge vendió cemento a ese grupo y se sospecha que pagó a intermediarios para aprovisionarse de materias primas con facciones yihadistas.
El proceso, que incluye hechos que se cometieron parcialmente en Francia, aun recopila información, según la fiscalía antiterrorista francesa (Pnat).
Un juez de instrucción en ese país podrá ahora solicitar las pruebas relacionadas con la sanción estadounidense para adjuntarlas al caso.
A diferencia del proceso en Estados Unidos, la empresa no podrá negociar una multa o una convención judicial de interés público (Cjip) para cesar las investigaciones penales en Francia, ya que está involucrada en complicidad por crímenes contra la humanidad.
Según el comunicado, la empresa sigue cooperando plenamente con la investigación de las autoridades francesas sobre el tema, pero se dijo dispuesta a “defenderse de cualquier acción legal que considere injustificada”.